Desregulación y servicios públicos: cómo se erosiona el acceso ciudadano

De qué hablamos cuando hablamos de desregulación

Desregular, en el sentido en que se lo usa en el debate público argentino desde el DNU 70/2023 y los sucesivos anuncios del Gobierno nacional, no significa "menos burocracia": significa remover los marcos que garantizan que servicios esenciales —energía, agua, transporte, telecomunicaciones, medicina prepaga, alquileres— se presten bajo condiciones de universalidad, calidad y precio razonable. Cuando el Estado se corre, no aparece un mercado perfecto: aparece un oligopolio con capacidad de fijar precios.

El impacto de la desregulación en el acceso a servicios públicos es, entonces, una cuestión concreta y cotidiana. Se mide en la boleta de luz que llega a fin de mes, en el boleto de colectivo que se duplica, en la cuota de la prepaga que se despega del salario, en el alquiler que expulsa familias enteras a la periferia. No es una discusión abstracta entre escuelas económicas: es una discusión sobre quién puede seguir viviendo en las ciudades y quién no.

La tradición nacional-popular argentina, desde los servicios sanitarios estatales de mediados del siglo XX hasta la recuperación de YPF en 2012, entendió algo básico: hay bienes cuyo acceso no puede depender exclusivamente de la capacidad de pago. Cuando se olvida esa premisa, la factura la pagan siempre los mismos.

Tarifas: del cuadro tarifario al sinceramiento regresivo

Entre diciembre de 2023 y mediados de 2024, las tarifas de electricidad y gas para usuarios residenciales registraron aumentos acumulados de tres dígitos, según los cuadros publicados por el ENRE y el ENARGAS. El argumento oficial fue "sincerar precios" y eliminar subsidios considerados regresivos. El problema es que el sinceramiento sin ingresos que acompañen se traduce en un ajuste directo sobre los sectores medios y bajos.

El INDEC informó que, durante 2024, el rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles fue uno de los que más crecieron dentro del IPC, muy por encima del promedio general. Esto significa que la canasta de servicios esenciales absorbió una porción creciente del ingreso familiar, desplazando gasto en alimentos, salud y educación.

El esquema de segmentación heredado tenía problemas de diseño, pero apuntaba a una lógica progresiva: pagar más quien más consume y más puede. La desregulación tarifaria actual invierte esa lógica: el usuario residencial promedio subsidia, vía tarifa plena, la rentabilidad de las empresas distribuidoras y generadoras, muchas de ellas con capitales concentrados.

El transporte y la fractura metropolitana

El transporte público es el caso testigo de cómo la desregulación fractura el territorio. Con la quita de subsidios al transporte del interior y el aumento del boleto en el AMBA, el costo de trasladarse a trabajar, estudiar o acceder a un hospital se volvió prohibitivo para franjas enteras de la población.

Un trabajador informal del conurbano bonaerense que necesita combinar dos colectivos y un tren para llegar a su empleo puede estar destinando hoy una porción significativa de su jornal solo a moverse. Y no hablamos de un lujo: hablamos del acceso al empleo, que es la base de cualquier promesa de movilidad social ascendente.

Este fenómeno se conecta directamente con lo que analizamos en Soberanía económica y su impacto en las pymes: sin mercado interno con capacidad de consumo, sin trabajadores que puedan llegar a sus puestos, no hay entramado productivo posible. El transporte no es un gasto: es infraestructura económica.

Salud: cuando la prepaga se libera del control estatal

Uno de los capítulos más elocuentes del DNU 70/2023 fue la liberación de los precios de la medicina prepaga. Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, las cuotas acumularon aumentos que, según relevamientos de la Superintendencia de Servicios de Salud y de medios como Página/12 y Ámbito, superaron ampliamente la inflación del período.

El resultado fue previsible: bajas masivas de afiliados que migraron al sistema público, o directamente al no-sistema, quedando expuestos a la lógica del bolsillo. La Corte Suprema debió intervenir y el propio Gobierno tuvo que retroceder parcialmente, admitiendo lo que la teoría económica más elemental indica: en mercados con demanda inelástica —uno no puede "no consumir" salud— la desregulación equivale a una licencia para el abuso.

Este vaciamiento del sistema de salud privado empuja, además, al sistema público, ya golpeado por el ajuste presupuestario. Sobre ese punto profundizamos en Efectos del ajuste en la educación pública argentina, donde mostramos cómo el retiro del Estado de un área siempre se paga en otra.

Los grandes ausentes: los territorios y los sectores populares

La desregulación tiene una geografía. No golpea igual en Recoleta que en González Catán, no impacta igual en Neuquén capital que en un paraje rural de Formosa. Cuando se desregula el precio del gas envasado —la garrafa—, el impacto es directo sobre los hogares que no tienen red de gas natural, es decir, sobre los más pobres.

Algunos datos ilustran esta desigualdad estructural:

• Según el último Censo Nacional (INDEC, 2022), alrededor de un tercio de los hogares argentinos no tiene acceso a red de gas natural.
• El acceso a cloacas sigue por debajo del 70% a nivel nacional, con provincias del NEA y NOA muy por debajo del promedio.
• El acceso a internet de calidad —hoy un servicio tan esencial como la luz— presenta brechas notorias entre AMBA y el resto del país.

Desregular en este contexto es como largar una carrera donde algunos corredores arrancan con zapatillas y otros descalzos, y decir que el problema es del que llega último. La equidad territorial exige, necesariamente, un Estado activo que compense esas asimetrías.

La historia enseña: ciclos de desregulación y sus costos

La Argentina ya vivió esta película. Las privatizaciones y desregulaciones de los años '90 fueron presentadas con el mismo libreto: eficiencia, modernización, fin de los subsidios cruzados. El resultado, veinte años después, fue un país con infraestructura deteriorada, tarifas dolarizadas que estallaron en 2001, empresas de servicios que giraron utilidades al exterior y una crisis social sin precedentes.

La recuperación de Aerolíneas Argentinas en 2008, de YPF en 2012, de los fondos jubilatorios con la estatización de las AFJP, fue parte de un proceso —conducido por Néstor y Cristina Kirchner, con Axel Kicillof al frente de la cartera económica en su etapa final— que buscó reconstruir capacidades estatales perdidas. No fue perfecto, pero probó algo: el Estado sí puede gestionar, y cuando lo hace con criterio, mejora el acceso.

Como señala Eduardo Basualdo en sus trabajos sobre la estructura económica argentina, cada ciclo de desregulación coincide con un ciclo de valorización financiera y endeudamiento externo. No es casualidad: son las dos caras de un mismo proyecto de país, uno donde los servicios públicos dejan de serlo para transformarse en negocios.

Qué política pública hace falta

Defender el acceso universal a servicios públicos no implica congelar tarifas para siempre ni negar la necesidad de sostenibilidad fiscal. Implica, sí, algunos principios básicos que la experiencia argentina y latinoamericana han validado:

• Segmentación real por capacidad de pago, no por consumo abstracto, con tarifas sociales robustas y controles cruzados con AFIP y ANSES.
• Marcos regulatorios con dientes: entes de control con capacidad técnica, sancionatoria y presupuestaria, no capturados por las empresas que deben regular.
• Inversión pública en infraestructura, especialmente en regiones postergadas, para cerrar brechas de acceso a gas, agua, cloacas y conectividad.
• Empresas estatales estratégicas en sectores donde el mercado, por su lógica, no garantiza el acceso universal.
• Participación de usuarios y trabajadores en los procesos de revisión tarifaria, tal como prevé la Constitución en su artículo 42.

La historia larga de las conquistas sociales en Argentina, que repasamos en La historia del movimiento por los derechos sociales, muestra que ningún derecho fue regalado: todos fueron conquistados y todos requieren, para sostenerse, un Estado presente. La desregulación no es libertad: es la libertad de los que ya tienen todo para tener un poco más, a costa de los que no tienen casi nada.

Discutir el impacto de la desregulación en el acceso a servicios públicos es, en definitiva, discutir qué país queremos. Uno donde la luz, el agua, el transporte, la salud y la conectividad sean derechos, o uno donde sean privilegios. La respuesta, para nosotros, no admite ambigüedades.