El rol de la educación en la promoción de derechos humanos

Por qué hablar de educación es hablar de derechos humanos

En la tradición argentina, la educación nunca fue un asunto meramente técnico. Desde la Ley 1420 hasta la Ley de Educación Nacional 26.206 sancionada en 2006, el sistema educativo se construyó como un derecho social, no como un servicio a comprar. Esa diferencia, que hoy vuelve al centro del debate público, es la que explica por qué millones de pibes y pibas pudieron ser primera generación de universitarios en sus familias.

Cuando hablamos del rol de la educación en la promoción de derechos humanos, no hablamos solo de contenidos curriculares sobre memoria, género o diversidad. Hablamos de algo más estructural: la escuela es el lugar donde el Estado se hace presente todos los días en la vida cotidiana de una familia. Es donde se aprende que el otro existe, que tiene voz, que hay reglas comunes y que la desigualdad no es destino.

Por eso, cada vez que se recorta el presupuesto educativo, no se ajusta una línea de una planilla: se retrocede en el piso mínimo de derechos que una sociedad se debe a sí misma. La discusión, entonces, excede lo pedagógico. Es política en el sentido más profundo del término.

De Sarmiento a la ESI: una tradición de derechos que se amplía

La historia educativa argentina puede leerse como una acumulación de derechos conquistados. La escuela primaria obligatoria a fines del siglo XIX, la reforma universitaria de 1918, la gratuidad universitaria del decreto de Perón en 1949, la vuelta democrática con el Congreso Pedagógico de 1988, y ya en este siglo la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) N° 26.150 de 2006 y la Ley de Financiamiento Educativo.

Cada uno de esos hitos amplió el perímetro de lo que entendemos por derechos humanos en las aulas. La ESI, por ejemplo, no es un capricho ideológico: es una herramienta concreta para prevenir abusos, embarazos no intencionales en la adolescencia y violencia de género. Los datos del Ministerio de Salud y de UNICEF muestran que allí donde la ESI se implementa con seriedad, esos indicadores mejoran.

Esta línea histórica se conecta con la historia del movimiento por los derechos sociales en Argentina: la educación fue siempre uno de los frentes donde se pelearon —y se ganaron— derechos que hoy damos por naturales.

Educación pública como igualador social

En un país con altos niveles de desigualdad, la escuela pública funciona como uno de los pocos espacios donde chicos de distintas clases sociales, orígenes migratorios y trayectorias familiares comparten un mismo piso. Ese solo hecho, sostenido en el tiempo, produce ciudadanía. No la produce el mercado, no la produce la app, no la produce el voucher.

Algunos datos ayudan a dimensionar el rol del sistema público:

• Según el Ministerio de Educación, alrededor de tres de cada cuatro estudiantes de nivel inicial, primario y secundario asisten a establecimientos de gestión estatal.
• La matrícula universitaria pública supera holgadamente a la privada, con instituciones como la UBA que sostienen ingreso irrestricto y gratuidad.
• Programas como el Progresar, las Becas Manuel Belgrano o el histórico Plan Conectar Igualdad buscaron sostener trayectorias educativas en sectores populares.

Cuando estos dispositivos se debilitan, los efectos son concretos y medibles: aumenta el abandono, se profundizan las brechas de aprendizaje y se resiente el acceso al conocimiento como bien común. Analizamos esa dinámica con más detalle en efectos del ajuste en la educación pública argentina.

Memoria, verdad y justicia: la escuela como transmisora

Uno de los rasgos más originales de la educación argentina post-2003 fue la incorporación sistemática de la memoria del terrorismo de Estado a las aulas. El 24 de marzo dejó de ser un feriado más para convertirse en un día de trabajo pedagógico. Las efemérides, los libros del Ministerio de Educación, las visitas a espacios como la ex ESMA, formaron una generación que sabe qué pasó y por qué no debe repetirse.

Esto no es un detalle menor. Como advirtió Raúl Zaffaroni en varias conferencias, los derechos humanos no se defienden con declamaciones: se defienden con instituciones que los transmitan y con sociedades que los internalicen. La escuela es, quizás, la institución más eficaz para esa tarea de largo plazo.

Cuando desde ciertos discursos negacionistas se busca relativizar los crímenes de la dictadura o discutir la cifra de 30.000 desaparecidos, lo que se ataca no es un número: es el consenso democrático básico. Y ese consenso se construyó, en buena medida, en las aulas.

El ajuste como retroceso en derechos

Toda política educativa es política económica, y viceversa. La Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 de 2005 estableció el piso del 6% del PBI para educación, ciencia y tecnología. Ese objetivo, alcanzado durante los años del kirchnerismo según datos del CIPPEC y del propio Ministerio, hoy vuelve a estar en discusión.

La lógica del ajuste opera en varios niveles simultáneos:

1. Salarial: docentes que pierden poder adquisitivo frente a la inflación, lo que impacta en la calidad y en la posibilidad de que los mejores profesionales elijan la docencia.
2. De infraestructura: escuelas con problemas edilicios, falta de gas, techos que se caen.
3. De programas socioeducativos: recortes en becas, comedores, provisión de materiales, conectividad.
4. Universitario: presupuestos que se licúan y ponen en riesgo el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.

Esta dinámica no es neutral. Como ocurre con la desregulación de servicios públicos, el retiro del Estado no genera libertad: genera exclusión. El que puede pagar accede; el que no, queda afuera. Es la definición misma de un derecho convertido en mercancía.

Educación, trabajo y proyecto de país

No hay soberanía económica sin sistema educativo robusto. Ningún país se desarrolló tercerizando su educación al mercado. Corea del Sur, Alemania, los países nórdicos: todos invirtieron —y siguen invirtiendo— fuerte en educación pública, técnica y universitaria como condición para tener industria, ciencia y trabajo calificado.

En Argentina, la disputa por qué enseñamos y a quién se lo enseñamos está atada a la discusión sobre qué tipo de economía queremos. Una economía primarizada, exportadora de materias primas y con baja demanda de conocimiento, necesita poca educación. Una economía industrial, con valor agregado, ciencia y tecnología, necesita millones de trabajadores formados. Este vínculo se ve claramente cuando pensamos en soberanía económica y pymes: sin técnicos, ingenieros y trabajadores capacitados, no hay entramado productivo posible.

La educación, además, es una herramienta clave contra las brechas de género en el mercado de trabajo, tema que abordamos en la lucha por la equidad de género en el ámbito laboral. Sin acceso equitativo al conocimiento, la igualdad formal se vacía.

Qué hacer: agenda mínima para reponer el derecho a educar y aprender

Defender el rol de la educación en la promoción de derechos humanos exige algo más que discursos. Requiere decisiones concretas y sostenidas en el tiempo. Algunos puntos de una agenda posible:

• Recomposición del salario docente por encima de la inflación, con paritaria nacional activa.
• Cumplimiento efectivo del 6% del PBI destinado a educación, ciencia y tecnología, tal como establece la ley vigente.
• Fortalecimiento de la ESI, con formación docente continua y materiales actualizados.
• Inversión en infraestructura escolar, especialmente en las provincias más rezagadas.
• Sostenimiento de becas y programas socioeducativos para garantizar trayectorias completas.
• Defensa activa de la universidad pública, gratuita y de ingreso irrestricto, incluyendo su presupuesto operativo y de investigación.

No hay atajo posible. La escuela y la universidad públicas son, todavía hoy, las principales fábricas de igualdad que tiene la Argentina. Discutir su financiamiento, sus contenidos y su alcance es discutir qué clase de país queremos ser en las próximas dos décadas. La educación, entendida como derecho y no como servicio, sigue siendo la mejor política de derechos humanos disponible.