Quirno en Washington: cuando la Cancillería argentina se alista tras la agenda de Trump

Un viaje que no es protocolar

El próximo jueves, el canciller Pablo Quirno se presentará en el Departamento de Estado norteamericano para participar de una cumbre convocada por Donald Trump con un objetivo tan grandilocuente como impreciso: combatir el "terrorismo transnacional de extrema izquierda". Según Clarín, varios expertos ya advirtieron sobre el riesgo de que esa etiqueta —lo suficientemente elástica— termine siendo utilizada para perseguir a organizaciones opositoras, movimientos sociales o gobiernos incómodos para Washington.

El gobierno de Javier Milei presenta el viaje como una muestra de "sintonía estratégica" con la administración republicana. Nosotros lo leemos distinto: es la confirmación de que la política exterior argentina dejó de tener autonomía y pasó a ser una prolongación entusiasta de la agenda de la Casa Blanca. Y eso, para un país que atraviesa una crisis social profunda, no es un detalle menor.

La palabra "terrorismo" como comodín político

Hay una historia larga —y sangrienta— detrás del uso laxo de la categoría "terrorismo". Durante las décadas del 60 y 70, la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos sirvió de marco ideológico para que las dictaduras latinoamericanas encuadraran como "subversivos" a militantes políticos, sindicalistas, curas villeros, estudiantes y periodistas. El resultado lo conocemos: 30.000 desaparecidos en la Argentina, miles más en Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, en el marco del Plan Cóndor.

Cuando un presidente extranjero convoca a una reunión internacional para "combatir el terrorismo de extrema izquierda" sin definir qué entiende por eso, quienes vivimos en países que ya sufrieron esa ambigüedad tenemos derecho —y deber— de encender todas las alarmas. La memoria no es un capricho generacional: es un instrumento político de cuidado democrático.

¿Contra quién, exactamente?

La pregunta que ningún funcionario del gobierno respondió con precisión es la más simple: ¿a qué grupos concretos se refiere Washington? ¿A organizaciones criminales? ¿A movimientos sociales? ¿A gobiernos como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua o —eventualmente— cualquier administración progresista que ose no alinearse?

La vaguedad no es un descuido, es un método. Permite que la etiqueta se estire según convenga. Hoy puede aplicarse al Tren de Aragua; mañana, a una organización piquetera; pasado, a un dirigente sindical molesto para una inversión extranjera. Zaffaroni lo viene explicando hace años: el derecho penal del enemigo se construye sobre categorías indefinidas que habilitan la excepción permanente.

El gobierno argentino, en lugar de exigir precisión conceptual y garantías jurídicas, va a poner la firma. Y de paso, se ofrece como plataforma regional del dispositivo.

Soberanía subastada

Hay una dimensión que muchas veces queda opacada por la coyuntura: la política exterior es también política económica. Un país que se alinea de manera automática pierde capacidad de negociación en todos los frentes. Con el FMI, con China —principal socio comercial de varios rubros—, con los BRICS de los que Milei se retiró, con la propia Unión Europea.

Mientras Quirno viaja a Washington a firmar comunicados sobre amenazas indefinidas, el país acumula deuda, pierde reservas, achica su mercado interno y ve caer el consumo popular. La Cancillería debería estar discutiendo términos de intercambio, defensa de las exportaciones con valor agregado, integración con Brasil y con la región. En cambio, discute enemigos ideológicos ajenos.

Es, en los hechos, una subasta de soberanía a cambio de un gesto simbólico. Ni siquiera hay contrapartida material clara: no hay inversiones anunciadas, no hay condiciones crediticias mejores, no hay apertura arancelaria concreta. Hay alineamiento por alineamiento.

El riesgo interno: importar la categoría

Lo más preocupante es lo que puede pasar puertas adentro. Si la Argentina suscribe a un marco internacional que define genéricamente al "terrorismo de extrema izquierda", ¿qué impide que mañana ese mismo marco se invoque para intervenir protestas sociales, criminalizar cortes de ruta, allanar sedes de organizaciones populares o perseguir a periodistas críticos?

El protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, las causas armadas contra dirigentes sociales, los discursos oficiales que equiparan protesta con extorsión: todo eso ya está en marcha. Sumarle un paraguas internacional de "lucha antiterrorista" es agregar municiones a un arsenal que ya se está usando contra la disidencia.

No es una hipótesis paranoica. Es leer la historia reciente de la región —Colombia, Perú, Brasil bajo Bolsonaro— y proyectarla sobre un gobierno que hizo de la confrontación con el "zurdaje" su marca identitaria.

Lo que falta discutir

La oposición política, los movimientos de derechos humanos, las universidades, los gremios y la sociedad civil tienen que exigir que la Cancillería explique en el Congreso qué va a firmar Quirno, con qué mandato y con qué límites. La política exterior no es patrimonio del Ejecutivo: la Constitución prevé controles.

Defender la soberanía no es un slogan setentista. Es, hoy, la condición mínima para que un país pueda decidir su modelo de desarrollo, proteger a su población y no convertirse en pieza descartable de un tablero ajeno. Como escribió alguna vez Perón, "la verdadera independencia se logra cuando no se depende económicamente de nadie". Setenta años después, la frase sigue siendo un programa pendiente.